María nació un 28 de enero de 1958, y con apenas 12 años, inicia su militancia, siendo activista por la candidatura de Salvador Allende de la Unidad Popular, quien por entonces era visto con expectativa por los activistas y la juventud con deseos revolucionarios. Unos años después, ya en 1972, se torna activista de secundaria del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), ligado al MIR. En 1980 es presa por la CNI (Central Nacional de Informaciones), el servicio de inteligencia del dictador Pinochet. María es colocada en el cuartel Borgoño, uno de los mayores centros de detención y tortura de la dictadura, del cual es sobreviviente.
En 1983 María es exiliada junto a sus hijos a Argentina, donde ingresa a las filas del MAS (Movimiento al Socialismo). Allí milita, entre otros lugares, en barrios obreros de Lanús, durante 7 años. Finalmente, en 1990, puede regresar a Chile para incorporarse a las filas de la sección de la Liga Internacional de los Trabajadores donde continúa hasta hoy, actualmente el Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT).
En 2004 es reconocida como sobreviviente de prisión política y torturas por la dictadura de Pinochet, en el marco del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como “Comisión Valech”. María, ya como activista por los DDHH, decide utilizar su beca por la reparación para estudiar Derecho. En el 2008 es fundadora de la Defensoría Popular, organización de abogados que atiende sin costo a víctimas de la represión policial y estatal. En el 2010 se gradúa como abogada y se transforma en una de las principales figuras defensoras de presos políticos y víctimas de la represión.
Durante el estallido revolucionario de 2019, María se hizo muy conocida por estar siempre en Plaza Dignidad y apoyando en defensa de los presos políticos de la Primera Línea. Actualmente es defensora de dirigentes sindicales, luchadores sociales y dirigentes mapuche que están encarcelados. María Rivera fue electa con más de 18 mil votos, como representante del MIT, a la Convención Constitucional que se realizó en 2021-2022, donde defendió propuestas fundamentales para la transformación de Chile, como la nacionalización del cobre y el litio con control de los trabajadores, el fin al subcontrato, la devolución de las tierras al pueblo mapuche, el fin inmediato a las AFPs y la disolución de los actuales poderes del Estado y su reemplazo por una Asamblea Plurinacional de los trabajadores y los pueblos. Sus propuestas fueron rechazadas por la derecha y los partidos que actualmente componen el gobierno de Gabriel Boric, que se unieron para defender las grandes propiedades de las familias más ricas de Chile y las transnacionales.
